Sólo el gobierno y parte del oficialismo considera que hay tomas no violentas. Apropiarse de un predio o tomarse un recinto, cualquiera sea el motivo que se tenga para hacerlo, es un delito y una vulneración al derecho de propiedad que debe ser enfrentado con las herramientas correctas. El Ejecutivo argumentó el veto desde una premisa errada.
