En forma unánime, el Senado aprobó el proyecto de ley que limita las gestiones de cobranza extrajudicial. La iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite legislativo.
Más de 8.600 reclamos por cobranzas extrajudiciales, sólo durante el primer semestre del 2020, son las cifras que entrega el Sernac y que deben hacernos reflexionar frente a un problema que afecta a miles de chilenos, que al no poder cumplir con una obligación crediticia son hostigados una y otra vez con diversos mensajes a través de distintas plataformas.
Esta realidad busca modificar el proyecto de ley que fue aprobado recientemente en el Senado, en su segundo trámite, el cual limita los contactos telefónicos o visitas a uno por semana, además se limitan los contactos vía correspondencia, mensajería u otros similares a 2 por semana, los que deben contar con una separación de a lo menos dos días.
Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena, quien integra la Comisión de Economía, explicó que con esta modificación legal se obliga a que las gestiones de cobranza extrajudicial den un trato digno al deudor.
“Por fin se hará justicia ante una situación que es impresentable y que afecta a miles de chilenos. Ninguna persona quiere dejar de pagar una deuda, pero en situaciones de crisis muchas veces se ven impedidos de poder hacerlo y no por eso deben soportar un verdadero abuso en este tipo de acciones de cobranza que afectan su dignidad e integridad mental”, sostuvo.
La parlamentaria añadió que “en promedio dentro de los primeros 15 días de morosidad uno puede recibir hasta 20 gestiones de cobranza. Muchos consumidores no reconocen tener una deuda, y aún así los siguen llamando una y otra vez, en ocasiones también se cobra la deuda de una tercera persona que uno ni siquiera conoce, e incluso las gestiones de cobranza se hace a través de familiares o en lugares de trabajo, afectando de sobremanera la privacidad de las personas. Claramente, no podemos permitir que esto continúe”.
En la práctica, el proyecto de ley que ahora deberá sortear su último trámite en la Cámara de Diputados, establece que el contacto telefónico se haga mediante un número identificable, prohíbe el envío de documentos que aparenten escritos judiciales, incluye la obligación de registro por parte de las empresas de cobranza de las actuaciones hechas respecto de cada deudor y se obliga el término de las gestiones de cobranza una vez comenzada la vía judicial. Esta regulación se extenderá a cualquier operación de consumo, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito.
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