Lo anterior, luego del homicidio de los últimos mártires de la policía uniformada, ocurrido en el sector sur de Cañete, quienes fueron atacados mientras controlaban el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural. La escasez de personal policial para hacer frente al fuerte incremento de hechos delictuales en todo el país, se suma el hecho que solo Carabineros debe cumplir con más de un millón y medio de solicitudes de control proveniente de resoluciones judiciales, entre notificaciones, citaciones, medidas cautelares y medidas de protección, lo que implica disponer de cientos de uniformados.
Por todo lo anterior, la senadora Carmen Gloria Aravena volvió a insistir en la urgente necesidad de liberar a los funcionarios policiales de dichas tareas, ya que a juicio de la congresista, ‘son labores que perfectamente pueden cumplir civiles en su ejecución, como por ejemplo, que las notificaciones judiciales recaigan en los funcionarios del Poder Judicial y que se capacite a funcionarios municipales para que efectúen esta labor. No es necesario que sean carabineros los que realicen dicha tarea, y eso permitiría que los recursos policiales se enfoquen exclusivamente en patrullaje, prevención y combate de los delitos’.
La parlamentaria enfatizó la importancia de que esta función sea desarrollada con el resguardo de las Fuerzas Armadas, considerando que se trata de una zona donde rige el estado de excepción constitucional. A su vez, agregó que ‘hoy el personal policial es escaso para los niveles de delincuencia que se están registrando en Chile, y representa una prioridad disponer de más carabineros en las calles, ya sea generando incentivos para que aumenten las postulaciones a la institución, como liberando a su personal de funciones administrativas‘.
Finalmente, la Senadora Carmen Gloria Aravena señaló que ‘se deben buscar alternativas para que carabineros dejen de hacer estas tareas alejadas de su rol, para lo cual, los expertos han planteado fórmulas, como por ejemplo, resguardar el cumplimiento de medidas cautelares mediante la firma periódica de los imputados; o cuando se trata de verificar el arresto domiciliario, hacerlo a través del control telemático. Es momento de avanzar en esta materia, porque el país y los ciudadanos no pueden seguir viviendo con estos niveles de inseguridad’.
