Es incompresible que el gobierno siga dilatando la tramitación del proyecto de Usurpación, que busca modernizar una norma anacrónica y que requiere ser actualizada para enfrentar de forma exitosa este grave delito. Los chilenos demandan más seguridad y el gobierno no se la está brindando.
Esta es una de las prioridades de la agenda legislativa de seguridad. El país no puede seguir esperando tener una ley moderna que reemolace a la actual que tiene más de un siglo. El gobierno lejos de poner trabas, debe agilizar su tramitación.
Hay que avanzar rápido en estos dos temas para comenzar a brindar seguridad efectiva a los habitantes de La Araucanía y la zona de Traiguén. Seguiré insistiendo hasta que ambas acciones se concreten.
Pese nuestra legislación tenga una norma específica para actos terroristas eso no ha evitado que se continúe con los atentados en nuestro país. Se requiere con urgencia una modernización de la ley Antiterrorista, esto es parte del compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric en la última reunión que sostuvimos distintos actores de la macro zona sur.
Continuamos trabajando para que se concreten pronto los compromisos adquiridos por el General Director de Carabineros en la reunión que sostuve con él, que apuntan a aumentar la presencia policial y seguridad en Purén.
El llamado del Presidente Boric a los partidos a firmar una declaración conjunta por los 50 años del quiebre institucional no puede imponerse y menos pretender establecer un relato oficial, porque sobre ese período hay diferentes miradas.
Te invito a leer la nota del Mercurio sobre nuestra visión del concepto “tierra ancestrales”.
Los agricultores del país llevan casi 3 semanas sin poder ingresar al sistema de INDAP por ciberataque que afectó al organismo. Estos perjudica especialmente a los más pequeños, que no pueden tramitar créditos, certificados ni hacer ningún trámite, en momentos que muchos se han visto afectados por las recientes lluvias.
El Director Nacional de INDAP debe dar la cara y una pronta situación a este problema.
Esta medida de eliminar o rebajar contribuciones a predios usurpados la promoví como un acto de justicia y reparación necesaria a las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur. Pero esto debe ir acompañado de la pronta aprobación de la Ley de Usurpaciones para inhibir ese tipo de delitos.
