El año pasado propusimos descongestionar las funciones de Carabineros y los funcionarios de la Policía de Investigaciones, delegando tareas que hoy cumplen y que bien podrían ser asumidas por otros organismos del Estado, permitiendo a las policías enfocarse en labores más directamente relacionadas con la seguridad pública y la investigación criminal.
Hoy tenemos a nuestras policías realizando notificaciones de resoluciones judiciales, fiscalizando el cumplimiento de la Ley de Tránsito y en eventos masivos, lo que implica disponer de cientos de uniformados, con el consecuente desmedro para la función de seguridad que requiere la comunidad.
Hemos planteado la necesidad de que las notificaciones recaigan en los funcionarios del Poder Judicial y que se capacite a funcionarios municipales para que realicen esta labor.
De igual manera, se requiere fortalecer los departamentos de tránsito de los municipios para que puedan asumir labores de control y fiscalización en sus comunas.
Además, es fundamental que los municipios implementen una unidad especializada en el control de eventos masivos, cada vez más frecuentes en todo el país, para verificar las condiciones de seguridad de recintos, control de aforos y fiscalización de bebidas alcohólicas.
Es importante implementar cambios que vayan acorde a la realidad del país. Y es urgente modificar esas funciones administrativas que sólo descuidan el trabajo policial.
