Comparto opinión respecto a la búsqueda de soluciones para resolver el problema de La Araucanía que nos tiene rehenes de la violencia. El asunto no se puede centrar sólo en la entrega de tierras y hay que ser muy cuidadosos como se sigue con esa política. No puede seguir siendo un agujero negro.
Tan grave para la seguridad nacional como el terrorismo, que está consagrado en la Constitución actual, es el crimen organizado y narcotráfico. Por eso propongo que el combate a ambos flagelos tenga rango constitucional, de manera que el Estado disponga de todas las herramientas para enfrentarlos.
Sin pausa ni respiro. Tener instalada la violencia terrorista en la región por más de dos décadas, sin que el Estado actúe para frenar su avance tiene consecuencias desastrosas para sus habitantes, no sólo económicas y sociales, sino que también mentales y emocionales. Es tiempo de que exista un pacto de verdad para frenar esta barbarie.
Comparto entrevista en La Segunda, donde entrego mi postura en esta materia y abordo los desafíos que tenemos como país para resolver la grave crisis migratoria.
La intencionalidad en varios focos de incendio en la Araucanía es un hecho indesmentible de los que hay registros audiovisuales. La propia CAM reconoció participación. Por eso se debe investigar y determinar el origen y autoría, ya que los responsables deben estar tras las rejas.
La seguridad privada es un factor relevante para apoyar a policías en prevención de delitos. Ámbito que está regulado por una ley que tiene más de cuatro décadas y está obsoleta frente al avance del crimen organizado. En el Congreso se tramita proyecto desde 2009 para modernizar la actual norma, al que el gobierno le debe poner urgencia.
La aprobación de la Ley de Infraestructura Crítica es un importante avance para combatir el crimen organizado, pero hay varios otros proyectos de la agenda de seguridad que he empujado y requieren una rápida tramitación, como el de Usurpación. También es clave avanzar en la modernización de la Ley Antiterrorista y sistema de inteligencia.
La huelga de hambre no puede continuar siendo utilizada con fines políticos para obtener beneficios carcelarios. Así se viene usando hace 25 años y mientras no se sancione como falta grave a través de una ley, continuará sucediendo. Es lo que queremos evitar con proyecto de ley que he presentado junto a senadores García Ruminot y Walker.
Son múltiples los desafíos y urgencias sociales que tenemos como país, las que debemos abordar buscando consensos y puntos en común, o de lo contrario, no podremos avanzar. Eso incluye el tema constitucional. Comparto entrevista en Austral de la Araucanía.
Con apoyo tranversal de senadores de distintos sectores, hemos presentado un proyecto de acuerdo solicitando al Presidente Boric que implemente una estrategia nacional contra este flagelo. Comparto nota en El Mercurio donde se menciona en qué consiste el plan que se propone.
