La legisladora lamentó que el proyecto de ley fuera rechazado y sostuvo que «actualmente sale prácticamente gratis cometer estos delitos».
Como acción simbólica, se encendiaron todas las luces del edificio del Congreso Nacional para sensibilizar la importancia de enfrentar la violencia contra las mujeres. Participé como senadora y en mi calidad de primera Vicepresidenta por la subregión de Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParLamerica. Fue en encuentro emotivo por una causa trascendental.
Sólo el gobierno y parte del oficialismo considera que hay tomas no violentas. Apropiarse de un predio o tomarse un recinto, cualquiera sea el motivo que se tenga para hacerlo, es un delito y una vulneración al derecho de propiedad que debe ser enfrentado con las herramientas correctas. El Ejecutivo argumentó el veto desde una premisa errada.
Frente a la declaración de la CAM amenazando con métodos violentos para oponerse a esta normativa, el gobierno no dice nada ni se pronuncia, y son las víctimas de estos delitos los que nuevamente quedan en desamparo y sin protección del Estado. El gobierno ha gestionado muy mal todo este proceso y estas son las consecuencias.
Comparto nota de hoy en el Austral de La Araucanía, donde expongo la necesidad de que el Estado y el gobierno pasen a una etapa más decidida en el combate contra el terrorismo, ya que seguir con la misma fórmula no permitirá la desarticulación de las orgánicas radicales, que es lo que se necesita.
El país necesita avanzar y alcanzar acuerdos en los temas más apremiantes que van en directo beneficio de la ciudadanía. Para eso, el gobierno tiene que iniciar una nueva etapa y no seguir profundizando las divisiones políticas con su retórica y posturas en temas donde hay visiones distintas. Con una buena actitud, pensando en el bien común, se puede llegar a consensos.
He estado monitoreando de cerca el compromiso del gobierno de instalar este puesto militar en la zona para reforzar la seguridad y frenar el actuar de las orgánicas radicales en esta parte de La Araucanía. Es clave que el Ejecutivo cumpla con los plazos que se impuso.
Con el apoyo transversal de 25 senadores, presenté junto al Senador Jose García Ruminot y Rafael Prohens este proyecto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie respecto a la violencia y terrorismo que se registra hace 25 años en la Macrozona Sur. Chile está en el lugar 17 del Índice Global de Terrorismo, y resulta incomprensible que el INDH no se haya pronunciado sobre este grave problema.
