Senadora Aravena destacó aprobación de reforma que resguarda Infraestructura Crítica

La iniciativa fue aprobada en general y particular en la Sala del Senado. A juicio de la parlamentaria, la moción optimizará el quehacer de las FF.AA. y aliviará la recarga que ha tenido Carabineros en la función descrita en el proyecto.

 

La senadora Carmen Gloria Aravena destacó y valoró el respaldo transversal otorgado por la sala del Senado al proyecto, de su autoría, de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica y sostuvo que “en tiempos como los actuales, en que la paz social se ha visto bastante afectada por una minoría violenta, es bueno que las Fuerzas Armadas puedan dar un giro en lo que han sido sus funciones tradicionales y se sumen a la gran tarea de recuperar la convivencia pacífica, la seguridad y el orden”.

 

El proyecto, que  consta de un artículo único, lo presentó la legisladora por la Araucanía junto al senador Kenneth Pugh. La reforma, que cuenta con discusión inmediata, fue aprobada por 28 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención en el Senado, por lo que ahora corresponde que pase a la Cámara de Diputados para cumplir con su segundo trámite.

 

La senadora Aravena sostuvo que “es urgente que se dispongan todas las herramientas necesarias para resguardar a la ciudadanía, devolverle la tranquilidad y permitir que las FF.AA colaboren en cuidar la infraestructura crítica, vale decir, el metro, carreteras y tendido eléctrico, entre otras instalaciones”.  Asimismo, subrayó, “esto permitirá aliviar la carga y redestinar la labor de más de 1600 Carabineros que han debido enfrentar meses muy complejos”.

 

El proyecto de reforma constitucional puede facultar al Presidente de la República para decretar que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país, cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda, en caso alguno, implicar una suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece la Carta Fundamental.

 

Al respecto, la parlamentaria aclaró que con las modificaciones que se le realizaron a la moción en la Comisión de Constitución y Seguridad Pública, se responde a ciertas aprensiones que manifestó un sector de la Oposición respecto a la exención de responsabilidad a funcionarios de FF.AA.

 

“Gracias al trabajo de la Comisión votamos un proyecto que responde a todas las aprehensiones realizadas. Ya no se trata de un nuevo Estado de Excepción y segundo no se le otorga atribuciones especiales a las FF.AA, por lo tanto, tienen responsabilidad desde el punto de vista penal y también en la justicia militar, por lo que deben actuar en función de protocolos y entender que no estarán a cargo del orden público, sino sólo de resguardar la infraestructura crítica”, puntualizó Aravena.

 

Asimismo, durante su intervención en sala del Senado cuando se votó la iniciativa, Carmen Gloria Aravena, realizó una profunda y responsable petición a los senadores presentes, respecto a considerar que ningún país del mundo puede progresar sin el resguardo de su infraestructura.

 

“Soy de una generación que no tiene complejos respecto al tema, que cree que las Fuerzas Armadas deben modernizarse y cumplir funciones también en tiempos de paz (…) La ciudadanía espera que avancemos primero en encontrar acuerdos para que todos vivan mejor, pero también para que vuelva la paz y normalidad a sus vidas. Somos un país republicano, que durante años fue un ejemplo de respeto a la institucionalidad, no perdamos eso. Les pido, que por una vez dejemos de lado las disputas ideológicas y pensemos en el país. Soy muy respetuosa de la opinión de la Oposición, pero hoy el país nos pide unidad, y eso también tiene que ver con que cuidemos la infraestructura pública que es necesaria para la subsistencia de todos”, indicó.

 

Vale señalar que se entiende por infraestructura crítica a las instalaciones, sistema o parte de éste, que es esencial para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, y cuya perturbación o destrucción, afectaría gravemente la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población.